Viejos y nuevos caciques

Tras años de movilizaciones jornaleras, el PER se ha basado en un pacto tácito, ustedes (movimiento sindical, izquierda political) no cuestionan la propiedad de la tierra; a cambia el Estado instituye un subsidio raquítico pero que permite la supervivencia. A lo largo de 20 años el latifundio ha ganado legitimidad social.

El clientelismo y la subordinación se han reforzado. El nuevo cacique del que dependían las peonadas necesarias ha contado con la consiguiente desmovilización sindical o jornalera. La economía sumergida, imprescindible para completar unos ingresos a todas luces insuficientes, se convirtió en un instrumento de abaratamiento de costes laborales y de control sociopolítico. Los mecanismos superpuestos de clientelismo han servido para asentar a la nueva elite política, conformada en torno al partido que gobiema tanto en Extremadura come en Andalucia.

Paralelamente, el latifundio se ha transformado. El señorito pasó del caballo al Land Rover, y de ahí a la especulación financiera. El precio de la tierra ha subido un 10% anual desde 1992. Muchas empresas constructoras han engrosado la nómina de beneficiarias de subvenciones agrarias. Los derechos de producción se han sometido a una clara mercantilización, y muchas de ]as subvenciones comunitarias han servido para comprar acciones de Telefónica o Repsol-YPF.

Si vemos los cambios introducidos durante el gobierno del PP, con la anuencia de los sindicatos, podemos comprobar la nueva orientación estratégica de la patronal agraria. En primer lugar, introducen la nueva renta agraria en una via muerta. Ni un solo perceptor más dentro de seis años. En segundo lugar priman a efectos del cobro del subsidio a aquellos que dan más jornales (la fantasia "contributiva" de algunos sindicalistas se ve así parcialmente satisfecha a costa de introducir un elemento competitivo y claramente insolidario entre Ios jornaleros: se supone que quien más necesita el subsidio es quien trabaja menos, y no más). En tercer lugar, los trabajos realizados en el PER no computarán para el subsidio.

Pero la clave de esta contrarreforma se encuentra observando la regulación relativa a los inmigrantes, que son Ios que de forma creciente realizan las tareas de recolección agraria. Serán necesarios 10 años de empadronamiento en Extremadura o Andalucía para poder percibir el nuevo subsidio. Constituye una vergüenza que los sindicatos mayoritarios hayan transigido con esta medida, que es una expresión de racismo y división de clase

Manuel Cañada, militante de la CGT.
Diagonal Periodico.