LOS VERDES DE EXTREMADURA PIDEN LA DIMISIÓN O EL CESE DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO, CARMEN PEREIRA, Y UN DEBATE ABIERTO SOBRE LA REFINERÍA

Los Verdes formulan una PREGUNTA PARLAMENTARIA AL MINISTERIO DEL INTERIOR sobre la actitud antidemocrática de la Delegada del Gobierno en Extremadura

Los Verdes de Extremadura piden la dimisión o el cese de la Delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, por su actitud antidemocrática y partidista, puesta de manifiesto con la prohibición, sin razón objetiva, de diversas concentraciones ciudadanas contra el proyecto de refinería -como es el caso de las convocadas por la Plataforma Ciudadana Refinería No los días 27 y 29 en Villafranca y Zafra, respectivamente-, así como por las sanciones masivas e indiscriminadas a ciudadanos impuestas con anterioridad: más de un centenar de vecinos de Villafranca de los Barros han sido multados administrativamente por las manifestaciones contra la refinería; entre los multados hay incluso una persona fallecida hace dos años.

Con relación a estos hechos, Francisco Garrido, portavoz y diputado estatal de Los Verdes, inscrito en el grupo socialista del Congreso, ha presentado una pregunta parlamentaria al Ministerio del Interior, cuyo texto se reproduce al final de este comunicado [también se adjunta en archivo de Word].

Los Verdes de Extremadura consideran que las protestas y el amplio rechazo ciudadano al anacrónico e insostenible proyecto de refinería del Grupo Gallardo ha puesto nervioso al Gobierno de Rodríguez Ibarra, que además sabe que su apuesta política por el proyecto va en dirección contraria a la política energética promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los Verdes achacan a ese nerviosismo la poca altura política mostrada en los últimos meses por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por la Delegada del Gobierno, Carmen Pereira y por el portavoz regional del PSOE, Francisco Fuentes Gallardo, quienes, lejos de debatir con argumentos y de respetar a los ciudadanos que legítimamente expresan su oposición a la refinería, se han dedicado a descalificarlos y a tratar de silenciarlos, generando crispación social.

Los Verdes exigen, por el bien de la democracia y de la convivencia, que se retiren las sanciones a los vecinos multados, se respete el derecho de manifestación, se restablezca la libertad de expresión y se permita un debate social abierto y plural sobre el proyecto de refinería. Para abrir este necesario debate, y para que todas las opiniones puedan ser difundidas y escuchadas en igualdad de condiciones, Los Verdes de Extremadura piden también la colaboración de todos los medios de comunicación, que se deben a una información plural y objetiva.

Fdo. Los Verdes de Extremadura.
En representación,
Ramón Luengo, portavoz (tfno. 617 81 49 06 - Email: [e-mail])

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Pregunta parlamentaria presentada por Los Verdes:


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


D. Francisco Garrido Peña, Diputado por Sevilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la/s siguiente/s pregunta/s para que le sea/n contestada/s por escrito.


Pregunta al Gobierno, relativa a las PROHIBICIONES de las MANIFESTACIONES contra la refinería de extremadura


MOTIVACIÓN:

La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, está protagonizando una serie de acciones en Extremadura, dirigidas contra el movimiento vecinal y ciudadano que se opone a la instalación de una refinería, en la Tierra de Barros. Entre estas preocupantes acciones, se encuentran la prohibición de manifestaciones y las sanciones administrativas a ciudadanos que se oponen a dicho proyecto.

En concreto, más de un centenar de vecinos de Villafranca de los Barros han sido multados, administrativamente, por las manifestaciones contra la refinería. Entre los multados, se encuentra una persona fallecida hace dos años.

Entendemos que estas prohibiciones y sanciones representan una práctica inaudita en los delegados de este Gobierno, y está provocando una crispación social innecesaria y peligrosa. Contrastan estas actitudes con la firmeza y coherencia democrática que ha hecho gala, hasta ahora, el Ministro del Interior.

Estos hechos son lo suficientemente graves para exigir la depuración de responsabilidades y así evitar que ocurran en el futuro.

El uso del procedimiento de sanción administrativa, para la represión del ejercicio de libertades públicas, tiene una tan extensa como tenebrosa tradición en España. Si han existido conductas delictivas en los manifestantes, se debe poner en conocimiento del poder judicial, para que instruya diligencias, o bien presentar querellas contra los supuestos autores de las mismas. Pero la sanción o multa administrativa, para este tipo de hechos, con inevitables connotaciones políticas y de opinión, favorece prácticas abusivas, por parte de la Administración y genera sensación de indefensión en los ciudadanos sancionados. Sería una medida de prudencia política y de garantía jurídica, la retirada de todas las sanciones a los vecinos y la autorización de las manifestaciones y concentraciones de los opositores a la refinería.


Por todo ello, se exponen las siguientes preguntas:

¿Por qué se ha utilizado la vía de la multa administrativa, para la represión de las supuestas conductas infractoras de los manifestantes contra la refinería, en Villfranca de los Barros?

¿Por qué no se ha recurrido a la denuncia o querella penal?

¿Cuáles son los hechos punibles que han cometido estos manifestantes?

¿Sobre la base de qué información se ha elaborado el listado de multas?

¿Por qué se han prohibido, en diversas ocasiones, manifestaciones y concentraciones de las plataformas ciudadanas contra la refinería?

¿Comparte, el Ministerio del Interior, la conducta, actitud y acciones que, con respeto a la refinería de Balboa, ha seguido la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira?

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2005


EL DIPUTADO:
Francisco Garrido Peña

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Apc/69

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