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Informacion Alternativa en Extremadura

CONTESTACIÓN AL INFORME DEL CONSEJO DE LA UNIÓN REGIONAL DE CC.OO. ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO EN EL PROYECTO DE CONSTRUIR UNA REFINERÍA EN LA TIERRA DE BARROS, EXTREMADURA.

Firma contra el documento de CC.OO.

El día 11 de abril de 2005, el Consejo de la Unión Regional de CC.OO. de Extremadura publicó un comunicado en el que apoyaba la construcción de una refinería de petróleo promovida por el Grupo Industrial Alfonso Gallardo, en la comarca de los Barros, dentro de la Sierra de San Jorge, un lugar situado entre los términos municipales de los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros y la Fuente del Maestre. En ese comunicado se afirma que el proyecto será beneficioso para Extremadura y para su clase trabajadora, porque traerá inversiones a la región y producirá un desarrollo industrial que se supone necesario. Se afirma también que CC.OO. intervendrá en el proyecto para defender los intereses de la clase trabajadora en la realización de dicha empresa.

Ante tal comunicado un grupo de militantes del sindicato de CC.OO. nos declaramos en desacuerdo con el contenido del mismo, desmentimos las afirmaciones que en él se vierten y nos oponemos a la realización del proyecto de Grupo Industrial Alfonso Gallardo. Las razones para adoptar dicha actitud se basan en las siguientes consideraciones:

1º El Consejo de la Unión Regional en el que se tomó la resolución de apoyar la instalación de la refinería de Tierra de Barros no fue válido, pues faltaba la mayoría de sus miembros, con lo que la decisión fue tomada por una minoría del sindicato convocada para dicho efecto sin tener en cuenta la oposición interna que podría haberse manifestado.

2º El supuesto de que la construcción de una refinería de petróleo sea beneficioso para Extremadura y su clase trabajadora no es verosímil, ni siquiera probable, por las siguientes razones:

En primer lugar, la enorme contaminación que genera una industria de tales características -imposible de evitar según la experiencia y los datos que actualmente disponemos-, destruirá la agricultura de la comarca -que es una de las más ricas de la península ibérica-, dañará la salud de sus pobladores con múltiples afecciones alérgicas, respiratorias, de piel, etc., y acabará con el medio ambiente natural y el equilibrio ecológico en la zona para siempre.

Las empresas del Grupo Industrial Alfonso Gallardo han sido denunciadas por contaminación en numerosas ocasiones, porque en sus actuaciones han surgido múltiples incidentes contaminantes: vertidos ácidos en Jerez de los Caballeros y Valuengo; depósito incontrolado de escorias contaminantes; gestión irresponsable de vertidos peligrosos como polvo de humo; las mayores emisiones de hexaclorobenceno en Europa, etc.

Esa contaminación producirá la ruina de muchos agricultores, en beneficio de la concentración y acumulación de capital en manos de una sola persona; además pone en juego la salud y el medio ambiente de miles de personas; todo ello en sintonía con los procesos actuales del capitalismo neoliberal.

En segundo lugar es una inversión enormemente arriesgada porque este tipo de industrias se instalan en lugares de costa, para evitar los gastos que genera la construcción del oleoducto, las bombas de impulsión de la materia prima, los tanques de reserva, etc. Todo ellos encarece el precio del producto.

También sabemos que el petróleo no se comercia hoy en día en crudo, sino fraccionado en diversos productos tras los procesos de refinado, cuya trasformación se realiza en países productores, o también en países sin otro tipos de industrias y dependientes de los intereses de las grandes empresas trasnacionales que se dedican a este tipo de industrias.

La inversión es también arriesgada porque el mercado del petróleo es un sector altamente competitivo y está copado por grandes empresas trasnacionales, donde es difícil obtener beneficios. El Grupo Industrial Alfonso Gallardo necesitará del apoyo de la Junta de Extremadura para sacar su industria adelante y nos preguntamos cómo es posible que pueda sortear las leyes contra el fraude en la competencia. El 74% de las ayudas de fomento de la Junta de Extremadura fueron para el Grupo Industrial Alfonso Gallardo (periódico HOY de 7 de junio de 2001). La Junta pondrá un 20% del capital a través de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, participación que se retirará -es decir se privatizará- cuando la empresa sea rentable .

Además una parte del capital de ese Grupo Industrial está situado fuera de Extremadura en empresas fantasma: Las empresas Alfonso Gallardo y AG Siderúrgica Balboa están participadas en un 70% y un 32,77% respectivamente por la empresa Malmros, domiciliada en Holanda (semiparaíso fiscal europeo), cuyo administrado y socio único es Alfonso Gallardo. Se trata de importar para Extremadura un modelo de capitalismo neoliberal que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas en la producción.

También es arriesgada porque los tratados internacionales, especialmente el de Kioto, que entró en vigor en la Unión Europea el 16 de febrero de este año, prohíben la emisión de gases de efecto invernadero, como es el caso de la industria del petróleo. De hecho la cementera de la Sierra de la Alconera del mismo Grupo Industrial, está parada porque no tiene derechos de emisión de CO2. La industria del petróleo está ya en buena medida obsoleta y no tiene futuro; no afronta los problemas reales del siglo XXI (agotamiento de las materias primas y especialmente de los combustibles fósiles) y mantiene a la región en el subdesarrollo y el atraso económico.

En tercer lugar, el Grupo Industrial Alfonso Gallardo tiene una política laboral contraria a los intereses de los trabajadores. En el año 2002 se hizo un cierre irregular de la empresa Siderúrgica Balboa para romper una huelga de los trabajadores que exigían mejoras laborales y salariales. En esa misma empresa ha habido cuatro accidentes mortales entre los años 1999 y 2001. En la empresa sólo hay tres mujeres contratadas, y está denunciada por la discriminación que ello supone.

Por otro lado, la creación de 3.000 empleos (directos e indirectos) es ridícula para la cantidad de millones de euros invertidas. Hay muchos sectores ligados a la producción agrícola o a las energías alternativas, por ejemplo, que producirían muchos más puestos de trabajo con tales inversiones. Si comparamos el coste del capital variable anual (sueldos y salarios) de esa empresa, que sumaría unos 45 millones de euros (tomando una media salarial de 15.000 euros al mes para 3.000 puestos de trabajo), mientras que en impuestos serían 2.840 millones de euros –63 veces más, según el informe del Consejo de la Unión Regional.

No se trata de creación de puestos de trabajo, sino de cobrar impuestos sobre las inversiones de capital. En efecto, la productividad no significa más que la sustitución de trabajo humano por tecnología, eliminando grandes cantidades de puestos de trabajo, lo que es uno de los grandes problemas de las economías más avanzadas. El modelo neoliberal consiste en la creación de una capa de trabajadores que viven de subsidios del estado en los países más avanzados económicamente, dentro de una economía improductiva que vive del derroche de los recursos cada vez más escasos del globo terráqueo. El petróleo se agotará en 40 años como máximo; por lo que calculamos que nuestra flamante refinería tendrá que cerrar en un plazo relativamente breve, dejando la región esquilmada, después de haber destruido la economía agrícola y el trabajo productivo de miles de personas. El sector del vino alimenta a unas 20.000 personas sólo en Tierra de Barros y da trabajo a otras tantas en toda la región. Eso sin contar el sector del olivar.

Por eso pensamos, en cuarto lugar, que los intereses de la Junta de Extremadura consisten en las grandes cantidades de impuestos que piensan obtener de la producción de dicha empresa. Esas rentas sustituirán a la afluencia de capitales que han llegado a la región desde la Unión Europea a lo largo de las últimas dos décadas en concepto de subsidios y que terminarán en los próximos años. La Junta necesita dinero y quiere sacarlo de una industria que siendo enormemente peligrosa y contaminante, ¿será también una fuente de dinero fácil, puesto que es una inversión de riesgo?

Nos preguntamos, pues, si lo que pretende el comunicado del Consejo de la Unión Regional de CC.OO. es participar de los beneficios de la instalación de la refinería, vía impuestos, y no vía de la defensa de los derechos de los trabajadores. Esa participación se quiere obtener a partir de una gestión de la fuerza de trabajo adecuada a los intereses de la empresa.

Los argumentos, que se ofrecen a veces, de que la oposición a la refinería es una oposición de los sectores contrarios al progreso, es un argumento falso. El progreso hoy en día consiste en la instalación de energías alternativas y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, evitando el despilfarro de los bienes escasos y reconociendo los límites del planeta Tierra.

Ante el comunicado del Consejo de la Unión Regional, exigimos al sindicato de CC.OO. claridad en la gestión y un estudio económico serio de la situación de la economía extremeña y de su futuro, que pueda darnos idea de cuáles son las opciones que los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo de Extremadura tienen ante sí.

El liderazgo social que pide el documento de la Unión Regional debería haberse basado en argumentos racionales y estudios científicos de la realidad económica y social de Extremadura. A falta de esos estudios y esos argumentos, lo que se nos ofrece es un discurso demagógico que manipula los sentimientos y los deseos de los trabajadores. Y cuando se promete que la Universidad de Extremadura hará el estudio de las consecuencias del proyecto industrial que estamos tratando, sin embargo, ese proyecto ya se da por hecho. ¿No se está prejuzgando los resultados de una investigación científica que debe ser neutral y objetiva? Pues de momento la experiencia empírica demuestra lo contrario de lo que afirman los promotores del proyecto industrial que estamos tratando, según lo cual la empresa no sería contaminante.

La decisión de hacer ese proyecto no depende de una investigación objetiva de sus consecuencias, sino que ya está tomada, según afirmaciones del propio presidente de la Junta de Extremadura Sr. Rodríguez Ibarra. Se trata de una decisión tomada a espaldas de la opinión pública, sin un debate democrático que permita conocer las razones y las alternativas de una empresa semejante. Tampoco los trabajadores han tenido la menor opción a enterarse de los graves problemas realmente implicados en la decisión de industrializar Extremadura con tales actividades y tecnologías. El sindicato de CC.OO. no ha ofrecido a sus afiliados la oportunidad de debatir y valorar racionalmente acerca de una decisión que afecta al futuro de Extremadura y de sus hombres y mujeres en un grado muy alto.

Por tanto, el documento que la Unión Regional ha presentado a la opinión pública carece para nosotros de toda credibilidad.
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