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España es el país de la Unión Europea con más infracciones a las directivas ambientales

España es el país de la Unión Europea con más infracciones a las directivas ambientales España es el país de los 25 con más procedimientos de infracción abiertos por no cumplir las directivas ambientales, indica hoy un informe anual de la Comisión Europea (CE).

El documento señala que con 54 casos abiertos, España supera a Italia que tiene 10 menos y a Irlanda que acumula 36 y juntos constituyen la mayoría de los procesos en curso.

Las violaciones sancionables que enfrentan los hispanos representan el 18 por ciento de la totalidad de infracciones a la legislación comunitaria cometidas por los 25 países de la Unión Europea (UE).

El informe de la CE detalla que en el caso español figuran diversos tipos de violaciones, como regenerar playas sin declaración ambiental, permitir vertederos incontrolados o no depurar todas las aguas residuales.

Advierte que no basta con legislar a favor del medio ambiente pues la efectividad de las directivas comunitarias depende de su aplicación prudente para conservarlo. España fue condenada hace poco por verter residuales en Cataluña que contaminaron un acuífero en el año 2000.

La CE reveló que España legisla bien pero es la primera en incumplimiento de la norma. El país acumula 21 infracciones relacionadas con la naturaleza: la directiva Hábitats y la de Aves por el uso de un pegamento prohibido para atrapar pájaros.

Acumulas otras por definir "de forma insuficiente las Zonas de Especial Protección para las Aves", y extraer arena reiteradamente para regenerar playas de importantes espacios naturales. También ha sido amonestada por un proyecto de irrigación que afecta a una zona de aves esteparias.

Otras se refieren a minas a cielo abierto, al tratamiento insuficiente de aguas contaminadas, falta o deficientes planes para reducir la contaminación atmosférica en las ciudades, vertederos ilegales e incontrolados que no cumplen la directiva marco de residuos, y varias más.

En 2004, la CE llevó a España ante el Tribunal de Luxemburgo por aplicar negligentemente la directiva de impacto ambiental. Además, fue condenada por eximir de declaración al proyecto de tren Tarragona-Valencia.

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