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El VIII Festival de Cine Gay Lésbico de Extremadura homenajea a quienes sufrieron por su homosexualidad

El VIII Festival de Cine Gay Lésbico de Extremadura homenajea a quienes sufrieron por su homosexualidad
El recuerdo de quienes fueron represaliados por su condición sexual y que hace dos años llevó a la creación de la sección 'La memoria necesaria', dentro del Festival de Cine Gay Lésbico de Extremadura (FanCineGay), será protagonista en su octava edición, que se desarrollará entre el 7 y el 13 de noviembre.
 
Además de la proyección de dos películas, 'Ocaña, retrato intermitente' y 'Las cosas del querer', dentro de la sección 'La memoria necesaria', se celebrará un acto conmemorativo, el sábado 12, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), antigua cárcel en la que estuvieron presos muchos homosexuales y que serán recordados allí con una placa.
Programación del Festival:
http://www.fancinegay.com/FCG8/ProgramacionFCG8.pdf
  REPRESIÓN DURANTE EL FRANQUISMO

 

 

La policía y la prensa los llamaba despectivamente «violetas». Eran condenados a varios años de prisión, recluidos aparte y torturados solo por ser homosexuales.

 

 

Tras la Guerra Civil, la dictadura del general Franco necesitaba dotarse de su propia normativa penal, labor que quedó resuelta con el Código Penal de 1944, que no se pronunció de forma explícita contra la homosexualidad, pero se sirvió sin reservas de los otros delitos para reprimir contundentemente a los homosexuales.

 

 

Hasta 1954, la represión de la homosexualidad no había estado entre los objetivos del régimen de Franco, más ocupado en la persecución y eliminación de la disidencia política. El primer paso en esta dirección fue la modificación de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954. La deficiencia represiva del sistema en este sentido se corrigió en 1954, con la revisión al alza de la Ley de Vagos y Maleantes, que incorporó al homosexual a la lista de delincuentes que debían ser apartados del ciudadano común, castigados y, en último extremo, rehabilitados mediante el trabajo forzado. “A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán para que cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales, y en todo caso, con absoluta separación de los demás. b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. c) Sumisión a la vigilancia de los delegados”, decía la ley.

 

 

Ley de Vagos y Maleantes hasta 1970, cuando esta norma fue sustituida por la de Peligrosidad Social. La nueva ley, que al castigo unía la filosofía de la «defensa social» y la «curación» del presunto delincuente, añadió la novedad de especializar dos cárceles ya existentes, la de Badajoz y Huelva, en la custodia de detenidos homosexuales masculinos (las lesbianas, que sufrieron una fuerte represión social, ni siquiera se consideran). Los presos se dividían según sus tendencias: los “pasivos”, a Badajoz, y los “activos” a Huelva; una práctica que la oposición política a la Dictadura no se cuestionó tajantemente hasta 1978, coincidiendo con la aprobación de la Constitución. Así se dio la paradoja de que mientras España caminaba hacia la democracia, varias decenas de presos seguían pudriéndose en la cárcel por su mera orientación sexual y aún hoy siguen esperando una reparación moral y económica similar a la que han recibido las víctimas políticas de la dictadura de Franco.

 

 

Las penas oscilaban entre los 3 meses y los 4 años de cárcel, y aunque la ley habla de recluirlos en centros especializados, la mayoría acababan en Carabanchel o en la Modelo de Barcelona, considerada como un infierno. Sobre todo por los acusados y difícilmente denunciados abusos sexuales y violaciones producidos a sabiendas de los vigilantes.

 

Por si fuera poco, el fin de la condena no significa la vuelta a la normalidad, puesto que durante un año no podían vivir en su antiguo domicilio, y además, su pasado penitenciario era una razón suficiente como para no volver a conseguir trabajo incluso donde antes estuvo empleado.

 

 

 

Aproximadamente 5000 personas fueron detenidas por actos o actitudes gays durante la dictadura de franco según el recuento de Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, aunque esta cifra es simplemente una suposición, porque los historiales están dispersos por las distintas cárceles, hubo quienes no llegaron a ser encarcelados, y en otros casos la condena alegaba en vez de homosexualidad delitos como prostitución, matiza el periodista Arturo Arnalte, autor del libro Redada de violetas.

 

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