Multarán al consistorio de Mérida por dejar que pongan videovigilancia en autobuses
La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un proceso sancionador contra la entidad municipal de transportes urbanos de Mérida SL tras la denuncia presentada ante la misma por CCOO con motivo de la instalación de cámaras de vigilancia en los autobuses urbanos. Este hecho puede ser sancionado con una multa que va desde los 60.101 hasta los 300.506 euros.
El dato lo ofreció ayer el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CC.OO-Extremadura, José Luis Lancho, quien manifestó que, tras conocer la instalación de las cámaras, solicitaron un informe a la Delegación del gobierno y lo denunciaron el 12 de agosto del 2005 ante la Agencia de Protección de Datos y el Ministerio Fiscal, organismo del que aún no han recibido respuesta.
RAZONES DE LA SANCION Según la resolución, las actuaciones de la empresa, que dispone de 15 días para alegar, infringen la Ley de Protección de Datos, ya que la grabación de imágenes y su posterior almacenamiento no es consentida por los ciudadanos ni sus trabajadores. Destaca también que tampoco da un tratamiento especial a los menores o discapacitados en estas grabaciones, como establece la ley.
Además, las grabaciones no están inscritas en el Registro General de Protección de Datos en el que se almacenan las imágenes, lo que supone otra infracción leve, sancionada con una multa que oscila entre los 601 euros a 60.101 euros.
Ante esto, Lancho señala que la empresa ha actuado de forma ilegal y pide al gobierno local, puesto que la empresa de transporte es pública y gestionada por el consistorio, que "inmediatamente" retire la grabación. Por su parte el consistorio ayer no se pronunció al respecto.
El dirigente de CCOO consideró "peligroso que esas imágenes puedan deambular por ahí son permiso" y anunció que dará a conocer la resolución de la Agencia de Protección de Datos al Ministerio Fiscal para que paralice las grabaciones una vez demostrado que atenta contra un derecho fundamental.
Por último, recordó que la empresa municipal de transporte (EMT) de Madrid, desistió de colocar cámaras en sus transportes públicos por los conflictos que podían crear en los ciudadanos y los trabajadores
ANTECEDENTES
Las cámaras, prohibidas en Llerena y Olivenza
Las localidades de Llerena y Olivenza ya intentaron el pasado año instalar un sistema de vigilancia en sus calles a través de videocámaras, aunque el proyecto no contó con el visto bueno de la Delegación del Gobierno en Extremadura, que desautorizó la petición.
Los dos ayuntamientos basaron la petición de permiso en el aumento de los actos vandálicos y para mejorar la seguridad ciudadana y la integridad del patrimonio.
Las solicitudes fueron estudiadas por la Comisión de Garantía de Videovigilancia de Extremadura, compuesta, entre otros miembros, por representantes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de la Federación de Municipios y Provincias, y de la Administración del Estado,que pasó el asunto a la Delegación del Gobierno, que señaló que no se daban las circunstancias que justificaran "esta medida tan extraordinaria", además de limitar derechos fundamentales como el del honor, la intimidad y la propia imagen.
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