Ibarra busca petróleo (artículo publicado en El Mundo el 13 de junio de 2005)
Polémica social y política en Extremadura por el apoyo del Gobierno regional a la creación de una refinería en la provincia de Badajoz, promovida por un empresario próximo al PSOE PEDRO CACERES
La fiebre del oro negro trae de cabeza a los extremeños. ¿Petróleo en Extremadura? Pues sí. No es que se haya descubierto un yacimiento, pero el Gobierno autonómico apoya la construcción de una refinería en la Tierra de Barros, en el centro de la provincia de Badajoz, y, con ello, ha convertido al petróleo en el centro del debate en la región.
El proyecto lo promueve el industrial Alfonso Gallardo, muy bien relacionado con la Junta socialista. Propone trazar un oleoducto para llevar el crudo desde Huelva hasta Extremadura, donde se refinaría en una planta de «última generación».
El anuncio ha provocado una polémica sin precedentes, con movilizaciones ciudadanas y discusiones en la Asamblea de Extremadura, cuyo pleno del 26 de mayo se suspendió por los enfrentamientos entre los diputados. Mientras una parte de la sociedad ve llegar una oportunidad de empleo y riqueza y ha organizado grupos de apoyo a la refinería, otra se ha movilizado en contra.
Ha habido concentraciones en las localidades afectadas y a la última convocatoria de la Plataforma Refinería No, en Badajoz, el 4 de junio, asistieron entre 2.000 y 4.000 personas. Vecinos, sindicatos de agricultores, ecologistas y partidos de la oposición dudan de la viabilidad económica y ambiental del proyecto.
La legislación tipifica el refinado de petróleo como una actividad muy contaminante y la zona elegida para la refinería es la sierra de San Jorge, entre Los Santos de Maimona (8.000 habitantes), Fuente del Maestre (7.000) y Villafranca de los Barros (12.000), una zona agraria cuyos vinos han ido ganando mercado y prestigio.Los detractores del proyecto no conciben que los olivos y las vides convivan con las chimeneas humeantes, ni que la calidad de vida ni el empleo en el campo no se resientan por su presencia.
La Junta de Extremadura apoya la refinería como fuente de creación de empleo y de riqueza. La implicación del presidente es total.Según Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se trata del «empujón definitivo en materia industrial que ha buscado Extremadura». El pasado febrero, tras reunirse con Alfonso Gallardo, el proyecto se presentó en sociedad.
Se invertirán 1.200 millones de euros, 360 de los accionistas y 840 de financiación bancaria. El Grupo Gallardo aportará el 40% de los 360 millones iniciales; Caja Extremadura, un 3%, y la Junta, a través de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex), un 20%. En un primer momento se dijo que Caja Madrid y BBVA aportarían el restante 27%, lo que está por confirmar.
Para Ibarra, se cumple el objetivo de que la mayoría del capital sea extremeño (un 63%), lo que garantizará que las empresas constructoras, los empleos y los beneficios del capital y parte de los impuestos se queden en Extremadura. Según la Junta, son argumentos para aportar 72 millones de euros a un proyecto por el que se apuesta igual que por «cualquier otro bueno para la región».
Otros ponen en duda esas bondades. Ecologistas en Acción y la asociación extremeña Adenex creen que la Junta apuesta por un desarrollo contaminante y del pasado. Los ecologistas afirman que se emitirán miles de toneladas de gases de efecto invernadero, justo cuando España pretende reducir emisiones para cumplir con el Protocolo de Kioto.
Afirman que las pocas lluvias y la escasa circulación atmosférica de la comarca harán que los humos se acumulen en la región. Existe el peligro de posibles fugas de petróleo, creación de lluvia ácida y emisión de partículas contaminantes.
Por su parte, el Grupo Gallardo ensalza la alta tecnología de su planta y dice que la mala imagen de las refinerías se debe a las instalaciones antiguas. Según ellos, el impacto de esta central de última generación sería mínimo y el rendimiento muy alto, pues generará productos finales de alta rentabilidad, como el gasóleo. La empresa afirma que creará 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, facturará 5.800 millones de euros anuales y rendirá 3.100 millones de euros en impuestos.
Sin embargo, la plataforma dice que hace 30 años que no se construyen refinerías en España «porque se prefieren países del Tercer Mundo, con exigencias ambientales y costes laborales menores» y que la única planta española que no está en la costa es la de Puertollano, «un proyecto franquista de los años 50».
Los expertos consultados por la plataforma dudan de la viabilidad económica. En primer lugar, está el coste del oleoducto: 58 millones de euros. Tendrá que superar una cota de 400 metros y, por tanto, cada año la empresa deberá sumar el coste de la energía para bombear el crudo y el mantenimiento del oleoducto.
Por otra parte, están los derechos de emisión de gases. La normativa ministerial fija cuotas para cada instalación y la nueva refinería tendría que hacerse un hueco en ese mercado. Según Valeriano Ruiz, catedrático de Termodinámica de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Asesor del Clima, el proyecto «es un disparate difícil de creer».
Roberto Bermejo, catedrático de Economía Sostenible en el País Vasco, considera que no hay «horizonte temporal» para amortizar la inversión, pues el mercado del petróleo ha tocado techo y hay gran incertidumbre sobre cómo marchará el sector con las reservas de crudo a la baja.
Quedaría otro escollo: lo que tenga que decir el Ministerio de Medio Ambiente sobre el impacto ambiental. Al departamento de Cristina Narbona llegó el proyecto el jueves pasado y aún no se ha pronunciado. El ministro de Industria, José Montilla, sí apoyó la refinería en una visita a Extremadura.
Para la Plataforma Refinería No, Ibarra actúa «como si estuviera acabada cuando no se ha abierto el periodo de exposición pública ni se han hecho los estudios de impacto necesarios». Lo consideran una cacicada y dicen que en Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros, gobernados por el PSOE, se han prestado locales municipales para recoger currículos de quienes quieran trabajar en la refinería. Ibarra ha dicho: «Hablaré con cualquiera que esté preocupado por la contaminación, pero no con quien pretenda que no se haga la refinería, porque es una decisión política que está tomada».
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Los «empleados» de Alfonso Gallardo
Según ha denunciado IU, que el empresario Alfonso Gallardo sea tío de Francisco Fuentes Gallardo, secretario general del PSOE de Badajoz y hombre de confianza de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha contribuido al apoyo prestado por la Junta a su éxito empresarial.Comenzó con pequeñas industrias del metal y posee ya un poderoso grupo con 1.500 empleados. Tiene centros metalúrgicos en Madrid y el País Vasco y, en la provincia de Badajoz, una siderúrgica en Jerez de los Caballeros y una cementera en Alconera.
En el Pleno de la Asamblea de Extremadura del 26 de mayo, Cristóbal Guerrero, diputado de IU, acusó a los socialistas de parecer «empleados de Alfonso Gallardo», y denunció que la refinería produciría «miles de agricultores damnificados y destrucción real de empleo» en beneficio de «Gallardo, el PSOE y el sistema caciquil y clientelista utilizado para gobernar en estos 20 años».Ibarra defendió al industrial: «No entiendo que el empresario más importante de la región esté todo el día sometido a debate en la Asamblea, salvo que haya mala intención».
El PP no hace una batalla personal contra el empresario, pero, respecto a la refinería, dice que no la apoyará hasta que no esté claro que no tendrá repercusiones para la salud y sobre la economía y siempre que «sume riqueza, no que la sustituya».
La Junta de Extremadura y las empresas de Alfonso Gallardo tienen unos cuantos tropiezos a sus espaldas: en 2001, el Tribunal de Cuentas condenó a Suministros Auxiliares a la Industria Extremeña, propiedad de Gallardo, a devolver 104 millones de pesetas que había recibido de la Junta irregularmente por medio de una empresa ficticia. El PP lamentó que Gallardo recibiera de media, entre 1992 y 1997, el 74% de las ayudas de Fomento.
En 2000, el Supremo consideró ilegal la expropiación que hizo la Junta para la construcción de Siderúrgica Balboa, cuyo dueño es Gallardo, y obligó a devolver los terrenos al anterior propietario.
En 2004, el TSJ de Extremadura anuló la decisión de la Junta de intervenir como árbitro en un conflicto entre los trabajadores y la Siderúrgica Balboa. La Junta dijo que la huelga afectaba a la economía de la región.
3 comentarios
Anónimo -
http://www.regiondigital.com/periodico/noticias/mostrar_noticia.php?id=23185
Anónimo -
Este martes, Cristina Narbona informa sobre esta cuestión, en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, en una reunión a la que asistirán el vicepresidente de la Junta, Ignacio Sánchez Amor, el consejero de Agricultura, José Luis Quintana, y una delegación de IU regional.
Plataforma Refinería Tenerife -