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Critican la política de hechos consumados en la mina de Aguablanca

Critican la política de hechos consumados en la mina de Aguablanca Ante la noticia aparecida en algunos medios de comunicación de la salida de las primeras 20.000 toneladas de Concentrado de Níquel de la mina de Aguablanca (Monesterio) con destino a China, desde Ecologistas en Acción han manifestado su perplejidad por la actitud de desprecio a las leyes y al estado
de derecho de la multinacional minera Río Narcea Goldmines.

Para esta Asociación se han visto corroborados sus peores temores, consideran escandaloso que una gran empresa pueda ignorar las leyes y haber construido una mina sin contar con licencia de obras municipal durante cerca de dos años, sin la recalificación urbanística durante cerca de seis meses, y sin los permisos de utilización del agua; ante la connivencia de la Junta de Extremadura, los Ministerios implicados... que están permitiendo de forma escandalosa la “política de hechos consumados”.

Del mismo modo creen que “el acuerdo para el pago de impuestos” que parecen haber alcanzado el Ayuntamiento de Monesterio y la empresa no hace sino demostrar lo que Ecologistas en Acción ha venido denunciando continuamente desde hace dos años y es que la empresa no tenía permisos de construcción y ha carecido de otros en determinados momentos. Hechos refrendados incluso en sentencia judicial.

Llaman la atención sobre el hecho de que uno de los principales argumentos para que se abriera esta mina a cielo abierto era la supuesta creación de muchos puestos de trabajo en la zona, y consideran que los hechos les vuelven a dar la razón: Según sus datos en la mina sólo se han creado una veintena de puestos de trabajo para personas de los pueblos adyacentes (Monesterio, Real de la Jara y Santa Olalla del Cala) y el resto son subcontratas asturianas, leonesas, portuguesas... que traen sus propios trabajadores y además se han visto perjudicados los intereses de los mineros de Presur que han sido obligados a trabajar en esta empresa privada, dejando de disfrutar de los mejores derechos laborales de la empresa pública en que se encontraban. Todo ello dando a la empresa multimillonarias subvenciones como 1100 millones de pesetas de los Fondos de incentivos regionales de Extremadura.

Mientras se ha acabado con las explotaciones de cerdo ibérico de la finca, se han arrancado miles de árboles centenarios, se ha perjudicado a especies en peligro de extinción y se ha dañado de forma irreversible el turismo rural en la zona, para esta organización no se ha querido cuantificar cuantos puestos de trabajo presentes y futuros se han perdido, o se podrían haber creado con otras actividades más sostenibles. Y lo que es más grave aún, se amenaza el suministro de agua potable de localidades como Sevilla.

Llaman la atención sobre el hecho de que en un año de sequía como el actual la empresa minera haya estado explotando esta mina que se ha construido sin licencia y haya utilizado miles de litros de agua de la cuenca del río Guadalquivir, pese a no contar con autorización para ello y a ser una cuenca deficitaria de la que se abastecen ciudades como Sevilla, robando miles de litros de agua del embalse
del Romeral, de sondeos subterráneos que ha realizado y de la Rivera del Cala, ante la indiferencia, incapacidad o quizás connivencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del Ministerio de medio ambiente). Ecologistas en Acción ha denunciado repetidamente estos hechos por escrito y ante los medios de comunicación habiendo recibido el silencio por respuesta.

Para esta organización la continua vulneración de la legislación vigente por parte de esta empresa y la connivencia de algunos políticos, especialmente de la Junta de Extremadura, constituyen un paso atrás en el estado de derecho y crean una situación de indefensión ciudadana ante estas grandes multinacionales y que pueden tener graves consecuencias, como ya se demostró en la mina de Aznalcóllar.

Ecologistas en Acción ha reafirmado su intención de seguir luchando contra este impactante proyecto minero, y de pedir todas las responsabilidades legales por los hechos que se están produciendo, y estudia con sus abogados nuevas medidas ante los tribunales por este atropello contra el medio ambiente y el estado de derecho. Así mismo quiere dejar claro que no todas las causas judiciales contra Río Narcea se han archivado con el acuerdo económico que parece haber alcanzado la empresa con el Ayuntamiento de Monesterio, sino que quedan pendientes otras causas judiciales que deberían demostrar si ha habido responsabilidades penales en todo este asunto.

Más información: Pablo Ramos: 617246859

y en www.ecologistasenaccion.org/extremadura
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