La Delegación del Gobierno deniega a IU, la manifestación prevista para el día 29 septiembre en contra de la refinería

María Gallardo Jiménez


Víctor Casco y el concejal de IU en Villafranca, Ángel GarcíaEsta misma mañana los miembros de IU, se enteraban de la noticia y es que cabe recordar que IU de Villafranca de los Barros había solicitado a la Delegación del Gobierno, la correspondiente autorización para llevar a cabo un corte de carretera el próximo 29 de septiembre, desde las 12:00 horas de la mañana, hasta las 14:30 horas de la tarde. Dichos cortes iban a producirse en espacios de 10 minutos cada media hora, con la intención de entregar a los conductores información sobre la posición de IU, (contraria a la refinería) “así le entregaríamos productos naturales y ecológicos, que se van a poner en peligro por dicho proyecto industrial”, apuntó Cascos.

Al Coordinador General de IU en Extremadura, le ha sorprendido esta denegación, porque en España se han hecho multitud de cortes en carreteras, como medida de expresión pública y manifestación, “ya que es un derecho que tenemos como ciudadanos”. Por ello, Víctor Cascos se ha mostrado extrañado con las palabras de la Delegada del Gobierno, Carmen Pereira, quien ha señalado que en la región, no se pueden hacer estos cortes, “acaba de denegarnos (mediante su correspondiente resolución) la posibilidad de que IU convoque a los ciudadanos a un corte de carretera, aduciendo que provocaría problemas en la seguridad vial”.

Según palabras de Cascos, detrás de esa denegación se esconden otros intereses en el fondo, “queremos denunciar la actitud que está teniendo Carmen Pereira, así como la Delegación del Gobierno, porque ellos no lo han dicho por preservar la seguridad vial de quienes conducen o de los ciudadanos que se fueran a manifestar, sino porque están defendiendo intereses personales y políticos”. Ante esto, el coordinador general de IU ha afirmado que la Delegada del Gobierno está fuera del ordenamiento jurídico, “está fuera de la ley, porque no le interesa utilizarla, no le interesa que en la región, el artículo 21 de la Constitución, de derecho de manifestación se aplique”.

Y es que, desde el punto de vista de Cascos, Carmen Pereira, está intentando por todos los medios burocráticos y funcionariales, así como por recursos administrativos, “impedir que se celebre en Extremadura el derecho a la manifestación que tienen los ciudadanos, por tanto, está obedeciendo a intereses políticos propios y no a los de la ciudadanía”.

Ante esto, Izquierda Unida, no se va a quedar callada y de momento ya ha presentado un recurso contencioso administrativo a la decisión de la Delegada de Gobierno, de la que Cascos ha insistido en que “seguimos esperando su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea de Extremadura para que nos informe sobre sus distintas actuaciones durante el periodo estival, al igual que seguimos esperando que el Gobierno y Zapatero, la cesen cese ya que no está defendiendo los intereses del Gobierno Central, sino los del PSOE y los del empresario Alfonso Gallardo”.

Asimismo, el coordinador general de IU ha incidido en que su partido va a seguir insistiendo en el Congreso de los Diputados en la petición de ese cese, “porque ya está bien que en Extremadura, personajes de semejante calaña, tengan en sus manos la posibilidad de impedir a un ciudadano de manifestarse libremente”. Según sus palabras, ese es el problema de fondo, “está tomando decisiones que afectan a artículos fundamentales de libertad de expresión, una persona irresponsable y a estas personas no se les puede dar esa posibilidad, porque son un peligro para la Democracia”.

Eso sí, Víctor Cascos, ha asegurado que el próximo día 29 su partido convocará una manifestación, “ya veremos de qué manera lo hacemos, intentaremos que el derecho a la manifestación, esté por encima de cuestiones administrativas que sólo buscan intereses, personales y amatorios, como es el caso de la Delegada”.

Finalmente, el coordinador de IU ha subrayado coincidir con Carlos Floriano, “si yo fuera familiar del promotor de la refinería de Alfonso Gallardo y mi esposa pusiera multas a los ciudadanos por manifestarse en contra de ese proyecto industrial que está haciendo un familiar mío, evidentemente estaría en la picota, por tanto, habrá que preguntarse si en Extremadura es lógico, que estén en colisión intereses familiares, políticos y particulares, y que intervengan el GPS, la Junta de Extremadura, un empresario y la Delegada de Gobierno”.

ÁNGEL GARCÍA CALLE

El concejal de IU por Villafranca, Ángel García CalleEl concejal por IU del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, Ángel García Calle, ha incidido en que su partido esta misma mañana había presentado un recurso Contencioso Administrativo, dentro de un procedimiento especial, contemplado en el artículo 122 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, “es especial porque presentado el recurso, inmediatamente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, va a requerir a la Administración para que le remita el expediente, con el fin de celebrar en el plazo máximo de 4 días, una comparecencia, en la cual ambas partes, darán su versión sobre la denegación”.

Según ha anunciado García, a raíz de dicha comparecencia, “el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, inmediatamente dictará sentencia por la que declare o no, ajustada a derecho, la resolución de la Delegación del Gobierno”. Por ello, ha recordado que el propio Tribunal Constitucional en una sentencia señala que para prohibir una concentración no basta la mera sospecha o la posibilidad de que la misma produzca esa alteración, sino que quien adopte esa decisión debe poseer datos objetivos, a partir de los cuales, cualquier persona en una situación normal, pueda llegar racionalmente a esa situación”.

Ante esto, García ha recalcado que no se puede prohibir una manifestación como lo ha hecho la Delegación del Gobierno, “simplemente porque dice que se va a poner en peligro el tráfico rodado que soporta la carretera, para prohibirla debería tener indicios claros y no los tiene”. Por ello, una vez más para el concejal de IU, “la Delegada de Gobierno se ampara en otro tipo de intereses y muestra su desatino yendo contra el derecho de opinión, porque ni siquiera nos han dado otras alternativas y no han dicho nada”.

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