El Ayuntamiento niega que la “Ordenanza de Convivencia” impida la libertad de expresión

Miembros de la Coordinadora Ciudadana por la Libertad de Expresión asistieron al Pleno Municipal, donde exhibieron camisetas con el lema "Nos quieren mudos" en protesta por la Ordenanza de convivencia ciudadana.

Por su parte el Ayuntamiento de Cáceres ha insistido en que la Ordenanza de Convivencia no pretende mermar los derechos de los ciudadanos ni atacar la libertad de expresión, sino prevenir conductas perturbadoras de la convivencia y preservar el entorno urbano.

Sin embargo, uno de los miembros pertenecientes a la coordinadora, Manuel Cruz, ha manifestado a Región Digital que en su opinión “la Ordenanza vulnera derechos constitucionales como son el derecho de reunión y concentración y no están de acuerdo con medidas como la persona encargada de una manifestación tenga que pagar una fianza por adelantado”.

A este respecto el Ayuntamiento mediante un comunicado ha recordado “que la ordenanza fue aprobada por unanimidad de los grupos políticos en el Pleno del pasado 22 de noviembre y que en su elaboración se tuvieron en cuenta aportaciones de IU, formación que apoya a la coordinadora”.

Entre esas aportaciones, figuran donde queda prohibida la colocación de rótulos, adhesivos, papeles pegados y otras formas de publicidad se incluyó la matización de que, si bien en las calzadas queda prohibido, en las calles estaría permitida esta actividad siempre que se disponga de la debida autorización.

Además el Ayuntamiento aclara que “la ordenanza también incluye un segundo matiz hecho por IU, en el punto en que se prohíbe distribuir o lanzar octavillas o propaganda desde los vehículos sin la preceptiva y previa licencia municipal, indicando que el reparto normal de folletos y octavillas que no se efectúa desde vehículos sí puede realizarse una vez obtenida la pertinente autorización”.

El Ayuntamiento insiste en que el objetivo de la ordenanza se centra en la previsión de conductas perturbadoras de la convivencia ciudadana y la preservación del entorno urbano mediante la protección de bienes, instalaciones y elementos, públicos o privados, que forman el patrimonio de la ciudad, frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que pudieran ser objeto.

Finalmente, añade que con la aplicación de esta ordenanza no se pretende mermar los derechos de los ciudadanos, sino lo contrario, ya que "se pretende garantizarlos en su totalidad, fomentando el respeto y la convivencia en sociedad".

Los miembros de la coordinadora justifican su presencia en el pleno diciendo “que es para que los políticos se den cuentan que hay un sector de la población que no está de acuerdo con la Ordenanza y piden que la modifique”.

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