Estamos, como se nos viene acostumbrando, ante un nuevo lavado de cara de las políticas del PP, igual de conservadoras, neoliberales y segregadoras que las del PSOE. Ya en la exposición de motivos se nos plantea una imagen totalmente falseada de la educación a lo largo de la historia, obviando en todo momento cualquier tipo de discriminación racial, cultural, religiosa o económica. Al hacer este recorrido histórico, se van omitiendo las desigualdades sociales derivadas del poder adquisitivo y la situación frente al poder imperante. Con esto se busca identificar el camino llevado hasta el momento por Europa (aunque no especifica que hable sólo de Europa y parece que en todo el mundo se puede acceder a la educación de la misma forma) como el camino correcto, y de nuevo, al gobierno socialista como promotor en la historia de España de una educación digna. Constantemente nombra todas las actuaciones del PSOE en el gobierno respecto a este tema y consideran que cuando no han tenido éxito era porque no se producía el clima adecuado.
Pero, si bien los diagnósticos realizados en dicha Ley fueron muchas veces acertados, las soluciones propuestas carecieron del necesario consenso social y político para llevarse a la práctica en un clima constructivo. (Pag. 5). Así, se pretende de cara a la sociedad hacer, de una ley carente de racionalidad y enfocada desde el punto de vista neoliberal al que Zapatero nos tiene ya acostumbrados, una ley fruto del debate y el consenso que proporciona todo aquello que la sociedad demanda en este tema. Nada más lejos de la realidad. En el texto se alude a que el Ministerio ha recibido aportaciones de colectivos que han querido participar en el debate. Sin embargo, esta imagen de transparencia se cae cuando se conoce que nuestro máximo órgano de representación, el Consejo Escolar, ha sido desoído. Como otra prueba más, sólo el anteproyecto de ley consta de 119 folios y no ha sido presentado hacia el conjunto de los estudiantes. No se nos ha preguntado en ningún momento, ni siquiera a aquellos estudiantes organizados en asociaciones estudiantiles adquiriendo un compromiso con la sociedad para mejorar la educación.
En su introducción, esta ley nos plantea una serie de metas y objetivos, unos propósitos que ya de por sí traen consigo sus propias contradicciones. Afirmando que se apuesta por la educación pública, se fomentan los centros concertados y se apuesta por seguir por las políticas neoliberales que imperan en Europa. Cuando asegura la gratuidad de la educación, lo hace a través de financiar al capital privado para hacer negocio con ésta. Mientras alude a la libertad y el derecho de todo ciudadano a recibir una educación no discriminatoria, se fomenta la religión en las aulas y la segregación en función del rendimiento académico del alumnado. Y mientras se promociona ésta como una ley fruto del consenso, se demuestra que la comunidad educativa desde cualquiera de sus partes integrantes ha estado fuera de la elaboración de la LOE.
Esta ley nace por la obligación que tiene el gobierno, después de meternos tantas pancartas en las manifestaciones contra la LOCE y la LOU organizadas desde el movimiento estudiantil, de sacar un proyecto educativo del que probablemente carecían. En esta ley se plasman, como últimamente venimos viendo en otros casos como la Constitución Europea o la misma LOU en este mismo ámbito, todas las contradicciones del PSOE. Este partido no acaba de dar su brazo a torcer y pretende mantener su electorado izquierdista a toda costa, a pesar de prácticas políticas neoliberales, lo que le lleva a realizar este tipo de textos. Prometiendo la exposición de motivos que esta ley va a fortalecer la educación pública, que gozaremos de pleno derecho a una educación pública, gratuita y de calidad (lo del laicismo se le quedó atrás), nos encontramos en los artículos de dicha ley que el camino a seguir no es otro que adecuar la educación española a los objetivos que la Unión Europea, o más bien en su día la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se ha marcado. Estos objetivos pasan por el cumplimiento de la Directiva Bolkestein, redactada por el comisario de Mercado Interior, el holandés Fritz Bolkestein, que resalta la necesidad de privatizar (o liberar) los servicios públicos, entre ellos, la educación. Los principios de esta Directiva se están ya empezando a llevar a cabo a niveles universitarios, pero claro, al tratarse de convertir a la educación en un negocio más, esto implica que toda la educación, y no sólo su fase más alta, tienen que llevar a cabo dicha liberalización, como todo servicio público.
La muestra más flagrante de esta conversión la encontramos a la hora de considerar dentro de la ley a los centros concertados como si de totalmente públicos se tratase a la hora de recibir financiación, distribuir alumnos, etc. sin poder asegurar, sin embargo, que en estos centros se vaya a respetar a todo ciudadano del estado por igual, dado que, para diferenciarlos de los centros públicos, lo único que hace es reconocerles la libertad dentro de las aulas para llevar a cabo la educación que quieran, asegurando tan sólo que se sigue el plan de estudios (la formación de máquinas de trabajo no debe parar). Además, en esta ley, dado que los toman como centros públicos más a la hora de distribuir a los alumnos del municipio, se les anima a seguir con su labor. También se dice lo siguiente de los centros concertados (recordemos que son públicos a efectos de financiación y distribución de alumnos): La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos.. Es decir, que a parte de financiarlos y tomarlos como centro públicos más, la reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos estará adaptada a las necesidades que tenga el empresario o cooperativa que posea el centro. Es de suponer que este régimen estará especialmente adaptado cuantas menos plazas en centros públicos haya. En Educación Infantil se dice que el gobierno intentará proporcionar las plazas suficientes para la demanda requerida en el primer ciclo pero que, sin embargo, para el segundo, donde precisamente más plazas se necesitan, las Administraciones podrán establecer conciertos con centros privados en el contexto de su programación educativa..
Para que esta consideración pública se extienda entre la sociedad, se les mandan nuevos alumnos y financiación para que hagan lo que quieran y así, en lugar de asegurar cada vez un mayor número de plazas en centros verdaderamente públicos, se empieza a considerar normal el hecho de que una organización religiosa, cooperativa, fundación, etc. pueda montar un centro, desde enseñanza básica hasta enseñanza secundaria, recibiendo financiación del estado y llevando a la práctica una educación que puede llegar a ser bastante discriminatoria, dado que, apoyándose en la libertad de cátedra, la libertad para hacer grupos, el objetivo de sacar el máximo rendimiento de cada alumno y demás libertades que se dan a los centros, éstos pueden tras esta ley segregar a los alumnos de un mismo curso en distintas clases en función de su rendimiento académico o sus convicciones religiosas o morales (que en muchos casos implican infinidad de motivos de discriminación, como separar clases o centros por sexos) y nos encontramos entonces con que los alumnos españoles tenemos ante nosotros de nuevo a ese mismo escollo que la LOCE ponía a aquel que no tuviera un buen rendimiento académico. Esta segregación, lo único que hace es generar que aproximadamente la mitad de los alumnos de un curso queden relegados a un segundo plano, con muchas dificultades a la hora de incorporarse al curso más avanzado. De esta manera, se va consiguiendo que en cursos posteriores dichos alumnos se vean imposibilitados a acceder a un mayor grado de enseñanza y busquen la salida laboral inmediata o la formación profesional previo a esto, impidiendo que muchos de ellos, que de recibir otro tipo de educación podrían optar a unas aspiraciones mayores, lo hagan. Así, se consigue que, a la hora de incorporar nueva mano de obra al mercado, ésta no tenga una titulación elevada y sea más manipulable, dada además la precariedad y el paro que nos espera como futuro a los estudiantes de hoy. Para los centros privados se dedican un total de 2 artículos en los que se le otorga total libertad para la denominación de su centro y tan sólo se les insta a comunicar los cambios de titularidad de los mismo, no se les regulan los criterios de acceso no discriminatorios ni ningún mecanismo de evaluación de su enseñanza.
Con respecto a la religión, el gobierno, una vez más, da marcha atrás a sus discursos en las manifestaciones y mantiene intacto el sistema educativo en este sentido. En los centros públicos la religión católica seguirá siendo de oferta obligatoria, sin relegarla un ápice al terreno personal al que debe pertenecer o al menos a una hora apartada del horario lectivo. Se obvia por tanto, y de nuevo voluntariamente, la opinión del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo en materia de educación no universitaria, de mantener a la Religión fuera de las aulas. En los centros concertados, al gozar de mayor libertad, y aunque supuestamente puedan los alumnos optar por abandonar la religión como asignatura, dado que se le da a estos centros una mayor libertad y pueden estar regentados por confesiones religiosas, dicha libertad del alumno queda totalmente desprotegida. Y hay que recordar, además, que ahora ese alumno puede haber sido asignado a dicho centro al no existir plazas en centros público cuando lo solicitó. Con esto tenemos que, no sólo se huye de convertir de una vez por todas a la educación española en una educación laica, sino que se promociona la matriculación en centros religiosos, se financia a éstos como centros públicos más y se pretende además que la sociedad, y su representación en el ámbito educativo que en este momento corresponde, el Consejo Escolar, sean silenciados. Y esto no acaba aquí, no contentos todavía, el gobierno abre la puerta a nuevos acuerdos como el tomado con la Santa Sede en otro momento de la historia política de España, que hoy sirve de excusa ante los electores izquierdistas del PSOE, con otras Confesiones religiosas, para llevar, no una, sino todas las religiones que puedan a las aulas.
Por otra parte, se establecen evaluaciones generales de diagnóstico a finales de las Educaciones Primaria y Secundaria. Sin embargo, aunque se asegura que esta evaluación determinará el estado de la educación en el estado para corregir errores, comprobamos que lo único que se comprobarán serán los conocimientos de los alumnos. No se pretende conformar una organización de la comunidad educativa tal que sea capaz desde el compromiso de hacer dicha evaluación, sino que se deja todo en un simple examen que comprueba los conocimientos adquiridos (que recordemos que no es el principal objetivo de estos niveles de enseñanza), desoyendo la necesidad de los alumnos con fracaso escolar de estudiar su situación por completo para hallar deficiencias en otros ámbitos de su vida que influyen en su educación, como su situación familiar, donde radican muchos factores determinantes para dicho fracaso. Dicha evaluación no tiene tampoco en cuenta, a la hora de evaluar la educación, la opinión del docente y la evaluación de la labor de éste, que no en todos los casos es la correcta, que también debería intentarse mejorar mediante la actualización de métodos pedagógicos de los profesores y un estudio de la realización de su trabajo con el único objetivo de mejorar el trabajo de estos profesionales. Tampoco se establecen en todo el texto nuevos mecanismos de ayuda para aquellos alumnos que no logran superar el curso en junio, como sería, por ejemplo, de cara a los exámenes de septiembre de finales de Educación Secundaria y Bachillerato, la posibilidad de que los alumnos pudiesen asistir voluntariamente a clase un mes antes para recuperar, con atención docente, las asignaturas de las que tendrán que examinarse, solucionando así el problema de tener que pagar los padres enseñanza personalizada a un profesor particular. Todo esto nos lleva a pensar si realmente lo que se quiere comprobar es el estado de la educación española y sus receptores o si estos cambios serán beneficiosos o no para la futura rentabilidad de los estudiantes en el mercado.
Sobre la gratuidad de la educación, la ley también se queda atrás. Se sigue sin proteger al alumno de asumir los costes de material o siquiera de los elementos básicos para la educación de hoy, los libros de textos, que deberían, para respetar dicho derecho a una educación gratuita, ser adquiridos por el alumno en el centro (tratándose sólo de centros públicos) de manera gratuita, proporcionando así un desahogo económico de las familias de clase baja a las que este gasto obligatorio les supone un gran esfuerzo, dado que, la reutilización de libros no es siempre posible y las becas son en la mayoría de los casos, insuficientes, dado que se reparten también entre los alumnos que asisten a centros concertados, quienes eligen soportar voluntariamente (en el futuro algunos también obligatoriamente) gastos extras como los uniformes y otras peculiaridades del centro. Además, hay que tener en cuenta que estos libros de texto son hoy en día un elemento mercantil de mucho juego, cuya subida de precio tiene que ser de manera obligatoria asumida por los ciudadanos, problema para el cual tampoco se pretende poner remedio.
Este anteproyecto tiene como objetivo reconocido el recuperar el prestigio de la labor docente en la sociedad, pero no parece este el objetivo real sino el de ganarse a la opinión docente para este proyecto reconociendo su prestigio únicamente con algunos incentivos económicos puntuales. Esta medida no será entendida por la sociedad como un reconocimiento a su labor e irá siempre en detrimento de una mejora de la consideración de los profesores en la sociedad ya que económicamente, hay muchos otros puestos de trabajo que necesitan, más si cabe, un aumento de sus condiciones laborales.
En definitiva, estamos ante un nuevo proyecto en la línea de la Constitución Europea, un proyecto neoliberal para dar preparar el terreno y dar comienzo a la privatización de la educación. Y todo para poder seguir haciéndonos la foto con los grandes mandatarios, banqueros y cardenales del mundo. Una nueva maniobra para el engorde de un negocio que ya está dando sendos beneficios, económicos claro.
Dani J. García
AJEx-Estudiantes Progresistas
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Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará el próximo día 5 de junio, Ecologistas en Acción de Extremadura ha convocado los Premios Atila para distinguir a quienes a lo largo de estos doce meses hayan destacado más por su contribución a la destrucción del medio ambiente extremeño. 
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A tod@s l@s compañer@s que aún apoyan la lucha por los Derechos de las personas inmigrantes