Alegación a la contrución de una planta de residuos biosanitarios en Extremadura y actuación de la delegada del Gobierno.

El Coordinador General de Izquierda Unida de Extremadura, Víctor Casco, ha anunciado que su partido va a presentar alegaciones contra la promotora Sani Gestión Extremeña SL, ya que ésta pretende construir una planta de gestión de residuos biosanitarios en Llerena, "de cuya incineración resultarán vapores de agua, que se aprovecharán para aportar el calor necesario en las reacciones de síntesis que permitan el biodiesel".

Según Casco, esta planta empleará residuos procedentes de hospitales y centros sanitarios públicos y privados, así como consultas y empresas veterinarias, "de los residuos sanitarios que se incinerarán para obtener vapor de agua, serán de clase III (infecciosos y punzantes) y de clase IV (químicos y citostáticos)".

Como ha resaltado el coordinador general, "el propio proyecto presentado por la promotora califica su actividad de molesta, insalubre, nociva y peligrosa". No hay que olvidar que el grupo SANI está constituido desde el 13 de octubre de 2004, mayoritariamente por accionariado de procedencia portuguesa y el 3 de marzo de 2005, creó la Sociedad SANI ECO GESTIÓN EXTREMEÑA SL.

Por otro lado, las alegaciones que va a presentar Casco parten de que en Europa no existe ninguna instalación de estas características (exceptuando Inglaterra), "en España, las incineradoras de residuos biosanitarios, bicontaminados o infecciosos, fueron eliminadas incluso de los Centros Hospitalarios donde se producen estos residuos".

Y es que según la normativa sobre incineración europea y estatal, ésta exige requerimientos ambientales rigurosos, así como elevadas temperaturas de operación que este proyecto presentado no cumple. Para Casco esto es por la dificultad de ejercer un control efectivo sobre la emisión de contaminantes del proceso, "al encontrarse los residuos hospitalarios habitualmente formados por compuestos de materiales clorados y plásticos que forman y emiten productos de combustión incompleta tóxicos, como dioxinas y furanos, emitidos en el flujo de gases que emergen del horno, junto a otros residuos de incineración".

Asimismo, el coordinador de IU, ha aclarado que en España no existen instalaciones de incineración para la eliminación de estos residuos hospitalarios y su tratamiento se efectúa mediante técnicas de autoclavado. En cambio, la instalación que se pretende ubicar en Llerena "cambiaría un sistema aceptado por su solvencia técnica en todo el territorio nacional por otro que resulta inaceptable por los elevados riesgos que comporta debido a la emisión de contaminantes con fuerte impacto sobre la salud de las personas", apuntó el coordinador.

Para Casco, esta nueva empresa supondría una nueva problemática en la salud de las personas y el medio ambiente que derivaría de una instalación de estas características. Igualmente, el coordinador ha resaltado el estudio epidemiológico realizado en poblaciones con incineradoras en el entorno publicado por el Journal of Epidemiology and Comunity Health, "que ha anunciado el riesgo de tener hijos con malformaciones congénitas o de que nazcan muertos podría ser superior en aquellas mujeres que viven cerca de incineradoras y crematorios".

La misma publicación ha realizado un análisis de los nacimientos que tuvieron lugar en Cumbría (noroeste de Inglaterra), entre 1956 y 1993, en los que se avisaba de los riesgos de padecer defectos en el tubo neural, "especialmente espina bífida, además era un 17% superior y los defectos cardíacos eran un 12% más elevados entre los hijos de madres que vivían cerca de estas incineradoras", recalcó Casco.

Según el coordinador general de IU, no se sabe los efectos a largo plazo que tendría la exposición continuada a las dioxinas que generan estas plantas, "en todo caso el mayor impacto sería la incorporación de dioxinas y furanos a la cadena alimenticia". Por todo ello, Casco ha anunciado que se solicita de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Extremadura, la denegación de todos los permisos de instalación de esta Planta de Residuos Biosanitarios y producción de biodiesel "por los efectos que sobre la salud y el entorno provocaría, existiendo alternativas menos peligrosas y suponiendo esta industria un grave peligro sobre las personas".

Por último, el coordinador ha señalado que con la creación de tantas industrias contaminantes en la región, "se plantea un mapa peligroso para Extremadura". Por ello, ha abogado para que el PSOE y Zapatero se impliquen más en impedir que en la región se ubique este tipo de industria, por una cuestión de salud pública e higiene, al mismo tiempo que ha instado a que se apueste por otras industrias.

ACTUACIONES DELEGADA GOBIERNO

En otro orden de asuntos, Víctor Casco, va a pedir en la Asamblea la dimisión de la Delegada de Gobierno, Carmen Pereira, por sus últimas actuaciones a raíz de los incidentes ocurridos en la manifestación "pro-refinería" de Villafranca de los Barros, el pasado 9 de julio. Según el coordinador de IU, se ha vuelto a la figura dictadora del gobernador civil, "Pereira está practicando la peor política, las peores artimañas para que la gente no vea que dicha manifestación fue un auténtico fracaso".

Para Casco, la actitud de Pereira sobrepasa lo imaginable, "está haciendo lo mismo que el anterior delegado de gobierno que era del PP, pero se está pasando". El coordinador de IU ha anunciado que desde la Delegación del Gobierno se han denunciado y multado ya a más de 150 personas que estuvieron en la manifestación de Villafranca, "por manifestarse ante todos en contra de la refinería".

Según Casco, esto demuestra que se persigue a todos los que se meten con Ibarra, "pero no nos vamos a dejar amedrentar y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias, incluso al Defensor del Pueblo". De esta forma, IU, asociaciones agrarias y ecologistas, se van a concentrar frente a la Delegación del Gobierno, "porque no compartimos su franquismo".

Por su parte, Ángel García Calle, concejal de IU en Villafranca, ha aclarado que el pasado día 9 no se produjo ningún incidente como para que la Delegada de Gobierno, denuncie y multe a más de 150 personas, "la subdelegación del gobierno está para proteger el Estado de Derecho y la libertad de expresión de las personas y no lo está demostrando".

Según García, estas denuncias son fruto del nerviosismo ante el fracaso de la manifestación a favor de la refinería del 9 de julio, "incluso se ha denunciado a Reyes González, presidente de la plataforma "Refinería NO", siendo la primera vez que se denuncia a alguien por presunción, porque no hay pruebas de ningún tipo".

En cuanto a las supuestas amenazas de muerte que está recibiendo el alcalde de Villafranca, García ha asegurado que incluso la Guardia Civil no tiene pruebas de que eso sea cierto. Según el concejal, esta misma mañana le han informado desde la Delegación del Gobierno que los expedientes no se dan, "por tanto, estas denuncias las hacen para crispar a los ciudadanos, con el fin de que en el futuro el Gobierno diga que somos nosotros los antidemocráticos".

Para García, son todos unos terroristas políticos que infunden el terror a la ciudadanía, "tanto para los que denuncian, como para los que siguen con el procedimiento". Por tanto, además de pedir la dimisión de Pereira, el concejal ha pedido la del alcalde Ropero.

INCIDENTES EN MONTIJO

Las actuaciones que la Delegación del Gobierno ha tenido también en Montijo, no son las más adecuadas según García, quien ha resaltado que la alcaldesa de esta población amordaza a la ciudad con denuncias, "intentando provocar una situación para justificar su actuación ante los vecinos que se manifestaron en contra de la privatización de servicios públicos como el agua".

Por este motivo, ya hay presentadas 21 denuncias a vecinos, a los que se les exige una responsabilidad política, "mientras que lo único que han hecho es reivindicar su derecho a la libertad de expresión", recalcó García.

Publicado en antiguadigital.com