ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DEPLORA LA MARCHA ATRÁS DEL PSOE EN MATERIA DE SEGURIDAD NUCLEAR
La industria nuclear está a punto de apuntarse un tanto político y, de paso, económico, ante las rebajas de la Ley de Seguridad Nuclear que está as punto de aceptar el PSOE. La principal causa de encarecimiento del kilowatio-hora tras los accidentes de Harrisburg (EEUU, 1979) y Chernobil (Ucrania, 1986), que determinaron un parón nuclear, fue la asunción de más medidas de seguridad y de un cercano control de las autoridades. La relajación en medidas de seguridad abarata el precio del kWh, pero aumenta el riesgo que soporta la población y el medio ambiente.
Tres de los elementos claves en la seguridad nuclear son la información veraz y rápida, la transparencia y el factor disuasorio de las sanciones contempladas por la ley en caso de incumplimiento. La información a las autoridades, en nuestro caso el Consejo de Seguridad Nuclear, es un elemento clave para que éstas puedan hacer un seguimiento constante de las instalaciones nucleares y radiactivas y puedan disponer las medidas necesarias para atajar riesgos y malas prácticas. La transparencia que permita el control ciudadano es también importante roque evita las tentaciones de condescendencia por dichas autoridades ante las grandes presiones de la industria nuclear. Además, el público tiene derecho a conocer los riesgos a los que está sometido. El tercer elemento son las sanciones. Éstas han de ser suficientemente disuasorias para que a los propietarios de las centrales no les salga rentable el incumplimiento de las sanciones.
Ecologistas en Acción pide que se mantengan estos tres pilares en la nueva Ley de Seguridad Nuclear que está preparando el gobierno. Las sanciones previstas en vigor, que figuran en la ley franquista de la energía nuclear de 1967, son claramente insuficientes. La más alta, prevista para un incumplimiento muy grave es de unos 3 millones de euros (5000 millones de pesetas), que podía parecer muy alta en 1967 pero que hoy resulta irrisoria, teniendo en cuenta el dinero que factura una central nuclear diariamente (unos 600000 euros). Pasando por alto el hecho triste de que esta cifra haya permanecido 40 años sin actualizar y que nunca se ha impuesto dicha sanción, la nueva ley prevé una sanción 10 veces mayor. Esto sigue siendo claramente insuficiente: Supone que la multa se amortiza en algo menos de dos meses de funcionamiento. El caso de Vandellós II (Tarragona), que incumplió la normativa durante unos 10 años, es un claro ejemplo de la clamorosa insuficiencia del nuevo régimen de sanciones, por no comentar el que está en vigor en la actualidad. Finalmente, este problema se saldó con una multa de 1,6 millones de euros, equivalente a unos tres días de funcionamiento. Sería más lógico disponer de un régimen de sanciones que se adapte a los beneficios obtenidos por la central y que se pueda estimar en números de días de funcionamiento.
El mismo caso de Vandellós II se hubiera solucionado con la denuncia a tiempo de algún trabajador con escrúpulos, ya que el inspector residente del CSN fue incapaz de detectar el problema. En países poco sospechosos de antinucleares, como los EEUU, su organismo regulador hace obligatoria la denuncia de las irregularidades observadas y prevé medidas de protección para los trabajadores que denuncien. La Nuclear Regulatory Comission (NRC), es un organismo que está a años luz de nuestro CSN.
Finalmente, es imprescindible que la Ley garantice la transparencia para que los ciudadanos estén convenientemente informados y puedan participar activamente en el control de las instalaciones. En primer lugar porque tiene derecho y porque se facilita la particpación en los asuntos públicos. En segundo lugar para evitar algo que se ha dado en demasiadas ocasiones: la condescendencia del CSN con los explotadores de las instalaciones nucleares.
Finalmente, Ecologistas en Acción quiere recordar que, sea cual sea el consenso político, la Opinión Pública española no está a favor de medidas que favorezcan el crecimiento de la energía nuclear (sólo el 4% está a favor, según el eurobarómetro de 2005), lo que sucederá con una ley más permisiva, sino al contrario. Y, además, una gran mayoría de la población (según las encuestas del CIS, MÁS DEL 80%) considera las nucleares como inseguras. Esta Ley no va a copntribuir, ni mucho menos, a mejorar esta visión.
