Entre 100 y 150 personas se concentraron ayer ante las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz, convocados por IU, para protestar por las multas impuestas a un centenar de ciudadanos de Villafranca --por supuestas amenazas a concejales-- y de Montijo --por protestas en un pleno tras la privatización de los servicios municipales--.
No hubo incidentes y los manifestantes corearon gritos como "libertad de expresión", "basta de represión" y "Extremadura es una dictadura". Entre los asistentes estaba Víctor Casco, coordinador regional de IU.
Por otro lado, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) se personará como acusación particular en todo proceso penal que se inicie por la agresión a un alcalde o edil para que sobre el autor "caigan las máximas penas de nuestro ordenamiento jurídico".
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Alrededor de cien vecinos de Villafranca y Montijo exigen ante la Delegación del Gobierno la retirada de las multas Imprimir
EP
09 oct 2005
Diputación de Badajoz
Asamblea de Extremadura
Alrededor de un centenar de personas, procedentes de Villafranca de los Barros y de Montijo, se concentraron la noche del viernes ante la Delegación de Gobierno de Extremadura, en Badajoz, para exigir la retirada de las denuncias que han recibido, según apuntaron, por manifestarse en contra de la refinería en el primer caso, y de la privatización de los servicios municipales en el segundo.
Al frente de la concentración y tras una pancarta en la que podía leerse "No a la refinería. Otro mundo es posible" estuvo el coordinador regional de Izquierda Unida, Víctor Casco, ya que fue esta organización la que convocó el acto.
Los vecinos de Villafranca de los Barros llegaron en autobús, 60 personas en total, y, según apuntaron los presentes, algunos se quedaron en el pueblo porque no había más plazas. Los de Montijo eran algo más de la mitad y se desplazaron en sus coches particulares.
Entre otras reivindicaciones, se pedía la dimisión de la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira; la del presidente autonómico, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y la del alcalde de Villafranca, Ramón Ropero.
Seis agentes de la Policía Nacional se situaron ante la puerta cerrada de la Delegación. Frente a ellos, permanecieron los manifestantes coreando frases como "Extremadura es una dictadura", "libertad de expresión, no a la represión" o "al patio de Ibarra, esa industria guarra".
Una de los trece multados en Montijo, Manuela Roque, explicó que este acto pretendía manifestar su indignación por un "trato injusto y denunciar el abuso de poder por parte de la alcaldesa de la localidad, Mercedes Molina", apuntó.
MULTAS
En su opinión, la primera edil ha tergiversado los hechos para iniciar "una caza y captura contra los ciudadanos críticos que hay en el pueblo y que pidieron su dimisión por considerar que su gestión es nefasta" y oponerse a la privatización de los servicios públicos y la subida de impuestos.
Según indicó, las multas oscilan entre los 300 y los 500 euros y responden a distintos motivos. Sin embargo, tanto Roque como otro de los denunciados, Alfonso Vega, que es trabajador municipal y miembro del comité de empresa, aseguraron que lo que reflejan sus denuncias no se corresponde con la realidad, "dicen que fui una de los desalojados del salón de plenos por montar bulla, y yo nunca entré en el salón", aclaró Roque.
Por su parte, el portavoz de los vecinos de Villafranca, Manuel Rodríguez, sostuvo que los ciudadanos de la localidad han sido denunciados por unos hechos "falsos e inciertos". Así, aseguró que Ropero se fue a Zafra para poner la denuncia ya que la Guardia Civil de Villafranca no la admitió "porque dijeron que ellos estaban presentes y no vieron nada denunciable", añadió.
Aseguró que en la localidad se vive una situación constante de atropello y de acoso a cualquier ciudadano que no esté conforme con los socialistas, "yo he vivido la dictadura de Franco y no he visto una situación tan horrorosa, ni tan perversa, ni tan desvergonzada como la que estamos atravesando", matizó.
Por último, afirmó que el pasado viernes no hubo agresión contra Ropero ya que, según dijo, el alcalde iba protegido por guardia civiles y municipales que hubiesen impedido a cualquier agresor llegar a él, "además, nosotros somos gente pacífica y honrada que lo único que hacemos es manifestarnos porque no nos gusta algo que quieren ponernos allí", concluyó.
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