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Aguablanca: Extremadura y el tercer mundo

Aguablanca: Extremadura y el tercer mundo La expresión "tercer mundo" es, según parece, reciente, y
aún más, el término "globalización". Sin embargo, ambos fenómenos son ya
antiguos, relativamente. Al menos en lo que se refiere al subdesarrollo
social, económico y político, aprovechado por las grandes empresas de
los países del "primer mundo". Sobre todo por las de los Estados Unidos
de América, que ejerció (y ejerce aún) una enorme presión sobre los
países de centro y sudamérica, con tal de favorecer la avaricia de sus
multinacionales a pesar de la pobreza extrema de algunas de esas
naciones. En aquellos tiempos esquilmaban los recursos agrícolas y
naturales dejando unos beneficios mínimos en los países donde se
establecían. Ahora, lo último, es sacar partido principalmente de la
mano de obra en regiones donde prácticamente el trabajo se regala y
aprovechando una legislación ambiental más permisiva para contaminar
impunemente. Pero continúan extrayendo, por ejemplo, el petróleo de
países paupérrimos, enriqueciendo a los caciques correspondientes y
manteniendo en la miseria al resto de la población, e incluso se llega a
invadir países como Irak con este mismo fin. Se aprovechan de las
escasas estructuras sociales, políticas o jurídicas en su beneficio sin
más objetivo que el de su ambición sin límite.

En el caso de la Mina de Aguablanca, de los propietarios
norteamericanos de la empresa explotadora, de los políticos de
Extremadura (y también estatales) e incluso de los jueces, no podemos
sino ver un fenómeno idéntico al que estamos describiendo; unos
administradores que permiten y promueven por ignorancia o
irresponsabilidad (esperamos que sea por esto y no por razones más
oscuras) que esquilmen nuestros recursos, y que favorecen, rayando en la
prevaricación, a la empresa explotadora; la cual, por su parte, está
únicamente interesada en su beneficio económico, sin importarle el daño
que produce. Una justicia lenta que parece ser cómplice de la política
de hechos consumados que practica la empresa. Y, por último, a unos
ciudadanos absolutamente desprotegidos de la ignorancia de los primeros
y de la avaricia de la segunda.

Algunos ejemplos recientes para complementar nuestras
afirmaciones de lo que sucede en aquellas dehesas heridas: La empresa
Río Narcea Goldmines ha destrozado ya más de 150 has. de dehesa, y han
enviado las primeras 20.000 tn. de niquel a China después de funcionar
durante dos años sin tener siquiera Licencia de Obra, ni para el
enganche eléctrico, ni para el uso de agua,... . Incluso ha habido
recientemente una sentencia judicial declarando a favor del ayuntamiento
en ese sentido. Sin embargo los tribunales y resto de autoridades no
parecen ver nada, ni querer actuar, para detener estas ilegalidades,
permitiendo la continuación de los trabajos pese a todas las
autorizaciones de que carece esta empresa ¿no hubiera sido lógico haber
detenido preventivamente las obras hasta no concederse una licencia
definitiva y el resto de permisos? ¿no se protegían mejor los derechos
de los ciudadanos así, ya que estaban viendo como una empresa extranjera
se saltaba las leyes, cuando con ellos no se permite un mínimo desliz en
este sentido? ¿No observan los jueces y la fiscalía delitos? ¿ Qué
pasaría si finalmente se determina que alguna de estas autorizaciones no
se debe o puede conceder? ¿Quién repondrá el daño causado y cómo?

Ahora, hemos sabido que el ayuntamiento ha accedido a conceder la
licencia a cambio de una Licencia de Obra de 2,8 millones de euros con
la que el ayuntamiento desea sufragar una residencia de ancianos y un
depósito de agua potable… pero ¿qué tipo de chanchullos son éstos?,
¿podría algún ciudadano pagar la licencia de obra de su vivienda
regateando su cuantía con el ayuntamiento? ¿en qué país vivimos? Sin
duda en una de aquellas repúblicas bananeras de las que hablábamos al
principio. A lo mejor habría que recordar al ayuntamiento que los
tributos no pueden estar destinados con carácter previo a ningún fin
determinado (principio de no afectación específica).

Ahora, además, se encuentra en información pública una concesión que
enmascara de forma escandalosa un trasvase de agua desde el Embalse de
Tentudía -Cuenca del Guadiana- para la mina, en la Cuenca del
Guadalquivir, cuando ya están siendo utilizadas las aguas de esta última
cuenca, según nuestras informaciones sin autorización. En este proyecto
se aprecian a primera vista carencias que de nuevo deberían de
avergonzarnos. En un mísero estudio de impacto ambiental de quince
páginas, ni siquiera se trata el asunto de los enormes déficits de agua
de esta región, ni se analiza las variaciones estacionales de embalse en
el pantano de Tentudía, ni por supuesto otros daños más graves como la
posible contaminación genética o biológica entre distintas cuencas
hidrográficas.

Es necesario luchar entre todos para acabar con esta política de hechos
consumados contra la naturaleza que vulneran nuestros derechos
fundamentales y están dañando de forma irreparable el medio ambiente
extremeño y andaluz en este caso.

Ecologistas en Acción de Extremadura

Pablo Ramos Duro Coordinador DNI.:33978980-E
Luis Sanabria de Prado Secretario DNI.: 8803983C

Más información: Pablo Ramos: 617246859
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